Colombia. Historias recurrentes.

diciembre 7, 2008

Mientras en España se celebraban ayer los 30 años de Constitución, en Colombia se conmemoraban los 80 años de un episodio luctuoso. La conocida como la “Masacre de las Bananeras“. En el municipio de Ciénaga, departamento del Magdalena, el 6 de diciembre de 1928 el ejército colombiano abría fuego contra los trabajadores de la multinacional estadounidense United Fruit Company que estaban en huelga demandando mejoras laborales.

Esta multinacional, que durante décadas ponía y quitaba gobiernos en América Latina (de ahí la denominación de “república bananera”), cambió de nombre en 1969, pasando a llamarse Chiquita Brands, al ser comprada por la Zapata Corporation (empresa fundada por George Bush padre).

En 2007, Chiquita Brands se enfrentó a un juicio en Estados Unidos por haber financiado a las paramilitares Autodefensas Unidas en Colombia que fueron responsables de la masacre de sindicalistas y campesinos colombianos.

Anuncios

Informe de HRW sobre Colombia

octubre 16, 2008

La misma organización de derechos humanos que fue expulsada de Venezuela por el gobierno de Chávez, por “agresiones de factores internacionales que responden a intereses vinculados y financiados por las agencias del gobierno de Estados Unidos de América, que tras el ropaje de defensores de los Derechos Humanos, despliegan una estrategia de agresión inaceptable para nuestro pueblo” acaba de publicar el informe “¿Rompiendo el Control? Obstáculos a la Justicia en las Investigaciones de la Mafia Paramilitar en Colombia“.

¿Una organización que responde a los intereses de Estados Unidos de América, acusando al gobierno Colombiano, su principal aliado en la región, de obstaculizar las investigaciones judiciales de la mafia paramilitar?


Continuan las amenazas a defensores de DDHH en Colombia

septiembre 4, 2008

Nueva información recibida de amenazas a defensores de Derechos Humanos de la Comisión de Justicia y Paz de Colombia:

Hoy, miércoles a las 3:00 p.m. en el terminal de transporte de Chigorodó el defensor de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz, YIMMI ARMANDO JANSASOY MUÑOZ fue raptado por civiles armados en una actuación de tipo paramilitar, quienes lo obligaron a subirse a una camioneta Toyota Hillux doble cabina de color gris con vidrios polarizados. Minutos antes de este hecho ABILIO PEÑA y DANILO RUEDA defensores de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz, habían abandonado el terminal en el que se encontraban con YIMMI.

Una hora y cuarto después fue dejado en libertad, luego de ser amenazado él y su familia de muerte de no entregar información sobre las direcciones y nombres de los familiares de los defensores de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz, que se encontraban en la Zona Humanitaria de Andalucía Caño Claro.

YIMMI fue tendido en el interior de la camioneta, sus pertenencias requisadas, fotografiado su rostro y su documento de identidad por ambas caras. Los 4 hombres que participaron en el operativo no se identificaron pero recibían instrucciones permanentes a través de una comunicación celular.

Se ha hecho evidente la ausencia de garantía para la defensa y promoción de los derechos humanos en el bajo Atrato, en el Curvaradó. Las amenazas y operaciones de tipo paramilitar bajo el nombre de “Águilas Negras” han combinado las presiones psicológicas a las acciones sobre la integridad física. Detrás de estas actuaciones contra los integrantes de la Comisión de Justicia y Paz se ocultan los beneficiarios empresariales del paramilitarismo, cuando no los mismos paramilitares empresarios y lavadores de activos del tráfico de droga, que ocultan sus actuaciones criminales bajo el rostro del progreso con los agronegocios de la palma aceitera, la ganadería extensiva y la deforestación intensiva.

Nada de esto sucedería de existir una política eficaz y coherente de seguridad; si las investigaciones en el proceso penal 3856 que se sigue a empresarios palmeros y ganaderos fueran eficaces, prontas y oportunas, y si se hubiera restituido materialmente la propiedad a los afrocolombianos, Tierra despojada violentamente a los afrocolombianos y mestizos por operaciones consentidas por la Brigada 17, la Policía de Urabá y convertida en una selva verde.


España desde Colombia

septiembre 3, 2008

Hace apenas unos días, el juez Baltasar Garzón presenció en el Urabá antioqueño la exhumación de una fosa común de víctimas del paramilitarismo, junto con el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo. Garzón declaró “sentirse impactado con lo que presenció, pues nunca había estado en un procedimiento de este tipo”.

Apenas dos días después de presenciar la exhumación, el juez hacía pública una providencia encaminada a identificar a las posibles víctimas desaparecudas a partir del 17 de julio de 1936, como paso previo a decidir si es competente para investigar las denuncias que varias asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional. Estos colectivos solicitaban la persecución penal por delitos de lesa humanidad de los autores de las desapariciones, asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936.

Tal vez su visita a Colombia haya influido en la decisión del juez Garzón. Y en Colombia recibo la noticia, y le dedico un rato a leer las reacciones que ha tenido en un par de medios conservadores.

El Mundo

Titula su editorial de ayer “Truculenta garzonada” y lanza algunas perlas como las siguientes:

(…) el hecho es que el juez de la Audiencia Nacional vuelve a agitar esos duendes macabros al abrir una especie de macroinvestigación judicial sobre los crímenes cometidos por el llamado bando «nacional» durante la Guerra Civil y la primera época del franquismo.

Para el diario El Mundo, investigar delitos de lesa humanidad es “agitar duendes macabros”.

La iniciativa de Garzón recuerda mucho a la Causa General ordenada por Franco en 1940, con el propósito de catalogar y denunciar todos los delitos cometidos por los partidarios de la República desde abril de 1931. La Causa General de Franco fue, sobre todo, un acto propagandístico para intimidar a los vencidos. Es difícil saber qué se propone Garzón, pero todo indica que intenta recuperar el protagonismo perdido en los medios de comunicación.

Para el diario El Mundo es comparable una investigación judicial en un sistema democrático, que un instrumento de represión de la dictadura franquista, como fue la Causa General.

Ni que decir tiene que estamos ante una iniciativa truculenta sin ninguna posibilidad de prosperar. En primer lugar, porque Garzón no es competente para investigar estos crímenes. Y, en segundo lugar, porque la Ley de Amnistía, aprobada por el Congreso en octubre de 1977, ponía punto y final a cualquier tipo de responsabilidad penal por delitos políticos cometidos con anterioridad al 15 de diciembre de 1976, fueran de la gravedad que fueran.

Pareciera que al diario El Mundo le preocupa que propere la iniciativa. Y tal vez convendría recordar que en Argentina, las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron declaradas nulas por la Corte Suprema de justicia, por ser consideradas inconstitucionales, en 2005.

Además, la investigación de esas desapariciones exigiría ingentes recursos humanos y materiales, de los que el sistema judicial no dispone.

Esta razón si me parece convincente. Dejemos entonces en libertad a delincuentes porque el sistema judicial no dispone de recursos.

Esta última de sus garzonadas ni siquiera puede ser tomada en serio. Es un puro disparate sin opción alguna de salir adelante. Sería cuestión de olvidar este despropósito si no fuera porque hace un tremendo daño a la Justicia y a la Audiencia Nacional. El Consejo General del Poder Judicial debería intervenir para poner en su sitio a Garzón, al que le han permitido ya demasiados excesos.

Sin embargo, a mi me parece que esta “garzonada” dignifica la justicia española y contribuye a la democracia en el pais.

LIBERTAD DIGITAL

Titula su editorial “Garzón el desenterrador” y estas son algunas de las perlas:

(…) el juez estrella ha decidido abrir una investigación sobre algo tan peregrino como las muertes acaecidas durante la Guerra Civil y la posguerra.

Para el diario digital del ínclito Jiménez Losantos investigar posibles delitos de lesa humanidad, es algo peregrino. Pero bueno, ya sabemos como se las gasta el señor Losantos.

Remover una tragedia nacional como fue la Guerra Civil con intereses políticos constituye una inmoralidad de primer orden que atenta contra el sentido común y contra el espíritu de reconciliación que, al menos en sus primeros tiempos, inspiró a la democracia española. Ahora, cuando las heridas ya han cicatrizado y la guerra es un doloroso pero necesario recuerdo que nos enseña la senda que los españoles no debemos volver a pisar, no viene a cuento poner en marcha una investigación judicial sobre los crímenes cometidos entonces. Ha pasado demasiado tiempo y, tratándose de una Guerra Civil, es difícil establecer responsabilidades y más cuando los dos sistemas políticos que se enfrentaron –la República y el régimen de Franco– se han extinguido hace varias décadas.

Que los familiares de las víctimas del franquismo puedan enterrar dignamente a sus familiares es una inmoralidad. Y establecer responsabilidades penales es díficil. Pero, para eso están los juzgados, ¿no?

¿Qué pretende Garzón sacar en claro de esta ocurrencia? ¿Pondrá a los responsables –que llevan décadas muertos– frente a un tribunal o se limitará a condenarlos en rebeldía?

¿Décadas muertos? Algunos de los ministros de la dictadura siguen vivos… y en activo!! Y en cualquier caso, ¿no escucharon hablar estos señores de Verdad, Justicia y Reparación? Tal vez les convenga leer lo que dice Naciones Unidas al respecto, precisamente para el caso colombiano: “El esclarecimiento pleno de los hechos y crímenes cometidos es el elemento clave para lograr conocer la verdad, realizar la justicia, y garantizar la reparación a las víctimas“, “La mejor contribución a la reconciliación nacional es garantizar la adecuada y
efectiva reparación a las víctimas, por parte de los victimarios y del Estado en lo que corresponda
“.


Amenazas a defensores de DDHH en Colombia

septiembre 3, 2008

En apenas 3 días he recibido por segunda vez información de las amenazas de muerte recibidas por defensoras y defensores de derechos humanos de la Comisión de Justicia y Paz de Colombia.

El 30 de agosto, recibía la siguiente información:

A las 12:20 a.m. de hoy hombres sin identificar ingresaron abusivamente, en silencio a la Zona Humanitaria de Camelias en el Curvaradó, saltando los signos de delimitación del lugar y dirigiéndose a la casa donde dormían LUZ MARINA ARROYABE, ANDREA ABELLO, CARLOS TORRES, defensores de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz.

Cuando los hombres fueron descubiertos por los pobladores, estos huyeron ocultándose entre el sembradío ilegal de palma.

A la 1:00 a.m. el Coronel MORENO de las Fuerzas Militares fue informado del hecho, sin que a esta hora se haya observado reacción alguna.

Hasta el amanecer los pobladores como parte de sus mecanismos de autoprotección estuvieron haciendo rondas preventivas.

El acto de presencia intimidatorio de dos personas parece ser el cumplimiento de las amenazas proferidas a nombre de las “Águilas Negras” del domingo y lunes pasado.

Hasta el momento se desconoce que acciones concretas se adelantaron para identificar el lugar de las llamadas, las personas que las realizaron. En la Zona Humanitaria se encontraba Peace Brigades Internacional, PBI.

Por el conjunto de hechos dos defensores de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz se han visto obligados a salir de la región en el día de hoy.

Entre tanto, con el apoyo de la solidaridad internacional, de sectores de la iglesia católica e iglesias históricas de Colombia y Estados Unidos, nuestra Comisión de Justicia y Paz continúa realizando su acompañamiento. Sin embargo, se requiere una decidida voluntad del Estado colombiano de enfrentar el factor de riesgo que atraviesan las comunidades afrocolombianas, y los acompañantes nacionales e internacionales de PBI y PASC de Canadá.

Hoy, 3 de septiembre recibo esta información:

Hoy martes, 2 de septiembre a las 4:13 de la tarde, el equipo acompañante de Justicia y Paz en la cuenca del Curvaradó recibió por cuarta vez, en 10 días, una amenaza de muerte al teléfono móvil 3115499463 propiedad de la defensora de derechos humanos de Justicia y Paz ELIZABETH GOMEZ. Una mujer se comunicó desde el teléfono móvil 3134245139 diciendo:”salgan de la zona, vamos a acabar con su familia HP”.

La llamada se recibió en momentos en que se encontraban reunido/as los/as defensores/as de derechos humanos: ELIZABETH GOMEZ, LUZ MARINA ARROYABE, YIMMI JANSASOY, FABIO ARIZA, SENAIDA PARRA, EDUARD MINA, DANILO RUEDA y ABILIO PEÑA. Acompañados/as por la observadora internacional del PASC de Canadá TANIA HALLE y de integrantes de Peace Brigades Internacional, PBI

Esta llamada se suma a las tres recibidas anteriormente los días 24 y 25 de agosto. El domingo 24 de agosto se recibieron dos llamadas y desde la primera, quien llamó identificándose como “Águilas Negras”, exigió la salida inmediata de los/as 8 defensores/as de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz que se encontraban en ese momento en la zona. En la llamada del lunes 25 de agosto amenazaron: “con militares o sin militares, los vamos a matar”. A estas llamadas se suma también la entrada intimidatoria de dos hombres en la madrugada del sábado 30 de agosto a la Zona Humanitaria de Camelias en el Curvaradó. A raíz de estas amenazas se vieron obligados a salir de la zona una defensora y un defensor de derechos humanos de nuestra comisión de Justicia y Paz.

Con la nueva amenaza del día de hoy, se amplia el círculo de riesgo, ya no comprende solamente a los defensores/ as de Derechos Humanos de Justicia y Paz, sino también a su ámbito familiar.

Hasta el momento se desconoce cuáles acciones concretas se han adelantado por parte del Gobierno Nacional tendientes a identificar el lugar de las llamadas, las personas y las estructuras que vienen sistemáticamente desarrollando esta estrategia de persecución y terror sobre la Comisión de Justicia y Paz.

Igualmente se desconocen resultados concretos de operaciones contra las “Águilas Negras” que actúan en Belén de Bajirá, Mutatá, Brisas de Curvaradó, Tierradentro, Nuevo Oriente, Barranquillita, Cerro El Cuchillo, Llano Rico y la Finca “No Te Pases”.

Estas amenazas coinciden con las afirmaciones que se han hecho de deslegitimación y tergiversación con respecto a la labor que realizan organismos nacionales e internacionales de derechos humanos que acompañan a las Zonas Humanitarias y a las zonas de Biodiversidad en el bajo Atrato.

Las compañeras y compañeros de la Comisión de Justicia y Paz, solicitan:

Al Vicepresidente FRANCISCO SANTOS

Adoptar medidas eficaces, concretas, medibles y evaluables tendientes a propiciar la restitución de la propiedad de la tierra colectiva ocupada de mala fe por empresarios beneficiarios del paramilitarismo.

Adoptar medidas concretas frente a las operaciones de tipo paramilitar de las “Águilas Negras” en Barranquillita, Nuevo Oriente, Cerro El Cuchillo, Mutatá, Brisas de Curvaradó, Llano Rico, Belén de Bajirá, Finca No te Pases y Tierradentro.

Desarrollar una estrategia integral preventiva que involucre al Ministerio de Ambiente, la intervención sobre las corporaciones ambientales Codechocó y CorpoUrabá a fin de evitar la ampliación de la siembra de palma, la extensión ganadera y la deforestación intensiva

Dar cumplimiento a las Medidas Cautelares de los defensores y defensoras de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz, y garantizar el derecho a la asistencia humanitaria y la protección de organismos internacionales de observación

Al Fiscal General de la Nación, MARIO IGUARAN ARANA

Tomar decisiones de fondo dentro del proceso 3856 a fin de posibilitar el acceso a la verdad, a la justicia y la protección del derecho a la tierra de los afrocolombianos.

Yo me sumo a su solicitud, y le solicito al gobierno español que traslade estas exigencias al gobierno colombiano.


Sin límites

julio 17, 2008

La desvergüenza del presidente colombiano Álvaro Uribe no tiene límites:

a) Gobierna apoyado por políticos implicados hasta las cachas con el paramilitarismo.

b) Compra el voto a parlamentarios para asegurar su reelección.

c) Se pasa por el forro la soberanía de los países vecinos y realiza un operativo militar en Ecuador.

d) Reconoce que militares utilizaron el logo de Cruz Roja en el rescate de Betancourt (lo que está considerado Crimen de Guerra).


A pesar de todo ello, Uribe goza de una popularidad sin parangón en su país, que supera el 90%. Como me gustaría poder saber que porcentaje de popularidad tendría Uribe si las FARC no existiesen.


Paramilitares en Colombia (III)

mayo 15, 2008

Comparto una entrevista reciente a Salvatore Mancuso, uno de los 14 líderes paramilitares extraditados a Estados Unidos. En sus versiones ante los fiscales, ha reconocido su implicación en 300 asesinatos, y ha facilitado información que ha conducido a la investigación y detención de numerosos políticos uribistas. Escuchándolo, se entiende que Uribe lo quisiera lo más lejos posible.