Hace apenas unos días, el juez Baltasar Garzón presenció en el Urabá antioqueño la exhumación de una fosa común de víctimas del paramilitarismo, junto con el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo. Garzón declaró «sentirse impactado con lo que presenció, pues nunca había estado en un procedimiento de este tipo».
Apenas dos días después de presenciar la exhumación, el juez hacía pública una providencia encaminada a identificar a las posibles víctimas desaparecudas a partir del 17 de julio de 1936, como paso previo a decidir si es competente para investigar las denuncias que varias asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional. Estos colectivos solicitaban la persecución penal por delitos de lesa humanidad de los autores de las desapariciones, asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936.
Tal vez su visita a Colombia haya influido en la decisión del juez Garzón. Y en Colombia recibo la noticia, y le dedico un rato a leer las reacciones que ha tenido en un par de medios conservadores.
El Mundo
Titula su editorial de ayer «Truculenta garzonada» y lanza algunas perlas como las siguientes:
(…) el hecho es que el juez de la Audiencia Nacional vuelve a agitar esos duendes macabros al abrir una especie de macroinvestigación judicial sobre los crímenes cometidos por el llamado bando «nacional» durante la Guerra Civil y la primera época del franquismo.
Para el diario El Mundo, investigar delitos de lesa humanidad es «agitar duendes macabros».
La iniciativa de Garzón recuerda mucho a la Causa General ordenada por Franco en 1940, con el propósito de catalogar y denunciar todos los delitos cometidos por los partidarios de la República desde abril de 1931. La Causa General de Franco fue, sobre todo, un acto propagandístico para intimidar a los vencidos. Es difícil saber qué se propone Garzón, pero todo indica que intenta recuperar el protagonismo perdido en los medios de comunicación.
Para el diario El Mundo es comparable una investigación judicial en un sistema democrático, que un instrumento de represión de la dictadura franquista, como fue la Causa General.
Ni que decir tiene que estamos ante una iniciativa truculenta sin ninguna posibilidad de prosperar. En primer lugar, porque Garzón no es competente para investigar estos crímenes. Y, en segundo lugar, porque la Ley de Amnistía, aprobada por el Congreso en octubre de 1977, ponía punto y final a cualquier tipo de responsabilidad penal por delitos políticos cometidos con anterioridad al 15 de diciembre de 1976, fueran de la gravedad que fueran.
Pareciera que al diario El Mundo le preocupa que propere la iniciativa. Y tal vez convendría recordar que en Argentina, las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron declaradas nulas por la Corte Suprema de justicia, por ser consideradas inconstitucionales, en 2005.
Además, la investigación de esas desapariciones exigiría ingentes recursos humanos y materiales, de los que el sistema judicial no dispone.
Esta razón si me parece convincente. Dejemos entonces en libertad a delincuentes porque el sistema judicial no dispone de recursos.
Esta última de sus garzonadas ni siquiera puede ser tomada en serio. Es un puro disparate sin opción alguna de salir adelante. Sería cuestión de olvidar este despropósito si no fuera porque hace un tremendo daño a la Justicia y a la Audiencia Nacional. El Consejo General del Poder Judicial debería intervenir para poner en su sitio a Garzón, al que le han permitido ya demasiados excesos.
Sin embargo, a mi me parece que esta «garzonada» dignifica la justicia española y contribuye a la democracia en el pais.
LIBERTAD DIGITAL
Titula su editorial «Garzón el desenterrador» y estas son algunas de las perlas:
(…) el juez estrella ha decidido abrir una investigación sobre algo tan peregrino como las muertes acaecidas durante la Guerra Civil y la posguerra.
Para el diario digital del ínclito Jiménez Losantos investigar posibles delitos de lesa humanidad, es algo peregrino. Pero bueno, ya sabemos como se las gasta el señor Losantos.
Remover una tragedia nacional como fue la Guerra Civil con intereses políticos constituye una inmoralidad de primer orden que atenta contra el sentido común y contra el espíritu de reconciliación que, al menos en sus primeros tiempos, inspiró a la democracia española. Ahora, cuando las heridas ya han cicatrizado y la guerra es un doloroso pero necesario recuerdo que nos enseña la senda que los españoles no debemos volver a pisar, no viene a cuento poner en marcha una investigación judicial sobre los crímenes cometidos entonces. Ha pasado demasiado tiempo y, tratándose de una Guerra Civil, es difícil establecer responsabilidades y más cuando los dos sistemas políticos que se enfrentaron –la República y el régimen de Franco– se han extinguido hace varias décadas.
Que los familiares de las víctimas del franquismo puedan enterrar dignamente a sus familiares es una inmoralidad. Y establecer responsabilidades penales es díficil. Pero, para eso están los juzgados, ¿no?
¿Qué pretende Garzón sacar en claro de esta ocurrencia? ¿Pondrá a los responsables –que llevan décadas muertos– frente a un tribunal o se limitará a condenarlos en rebeldía?
¿Décadas muertos? Algunos de los ministros de la dictadura siguen vivos… y en activo!! Y en cualquier caso, ¿no escucharon hablar estos señores de Verdad, Justicia y Reparación? Tal vez les convenga leer lo que dice Naciones Unidas al respecto, precisamente para el caso colombiano: «El esclarecimiento pleno de los hechos y crímenes cometidos es el elemento clave para lograr conocer la verdad, realizar la justicia, y garantizar la reparación a las víctimas«, «La mejor contribución a la reconciliación nacional es garantizar la adecuada y
efectiva reparación a las víctimas, por parte de los victimarios y del Estado en lo que corresponda«.