Ejecuciones extrajudiciales en Colombia

diciembre 22, 2008

Hace un par de semanas escribía sobre la presentación de un informe sobre la Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia, promovido por el Observatorio de derechos humanos y derecho humanitario de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.

Ya en aquel momento enlazaba a tres notas (1, 2 y 3) publicadas en el diario Público. De nuevo este diario publica dos notas sobre el tema. Una entrevista a Liliana María Uribe, de la Corporación Jurídica Libertad, y la noticia de la destitución del jefe del Estado Mayor del Ejército colombiano.

En la entrevista a Liliana María Uribe, le preguntan qué papel puede jugar España en toda esta situación. La respuesta es significativa:

Sabemos que con la debida presión, el Gobierno de Colombia tendrá que cambiar la situación. ¿Qué nación apoya a un país que tiene una fuerza pública que está matando civiles? Pero si los medios no generan un debate que le suponga costos al Gobierno, es muy difícil.

A la pregunta que se hace Liliana, la respuesta es clara. España entre otras. Respecto al papel de los medios, hay que reconocer, que el diario Público es el único que está contribuyendo a generar ese debate.


Todavía quedan secuestrados

diciembre 21, 2008

Salud Hernández-Mora recuerda en su columna en el diario El Tiempo que hoy se cumplen once años del secuestro por las FARC de los cabos del ejército colombiano Pablo Emilio Moncayo y José Libio Martínez. Una vez liberada Ingrid Betancourt, a Sarkozy y a tantos otros, se les olvido que todavía son muchas las personas que siguen secuestradas en las selvas colombianas. Tal vez tenga que ver con que Pablo y José Libio no fueron candidatos presidenciales, ni tienen doble nacionalidad, ni pertenecen a la burguesía o la aristocracia de su país.

secuestrados

Actualización:

Leo en el diario El Tiempo que las FARC han anunciado la liberación unilateral de 6 de los secuestrados.


Comunicado del CRIC

diciembre 21, 2008

En relación al asesinato de Edwin Legarda del que escribía hace unos días, comparto el comunicado que envía el Consejo Regional Indígena del Cauca:

Política de Seguridad Democrática de Uribe Asesinó a Edwin Legarda

La muerte del Esposo de la consejera Mayor del CRIC, no puede interpretarse como un hecho aislado, sino como parte de la cadena de homicidios, persecuciones, judicializaciones ilegales y desplazamientos que vienen sufriendo las comunidades indígenas del Cauca y de Colombia, donde el Estado participa por acción, omisión y permisión.

COMPROMISO INSTITUCIONAL DE DESMENTIR LA VERSIÓN QUE EL FALLECIDO EDWIN LEGARDA HABIA HECHO CASO OMISO A UN RETEN MILITAR

El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, con respecto al atentado donde falleció el compañero José Edwin Legarda, esposo de la Consejera Mayor Aida Quilcue, hace las siguientes precisiones:

La muerte del Esposo de la consejera Mayor del CRIC, no puede interpretarse como un hecho aislado, sino como parte de la cadena de homicidios, persecuciones, judicializaciones ilegales y desplazamientos que vienen sufriendo las comunidades indígenas del Cauca y de Colombia, donde el Estado participa por acción, omisión y permisión.

Que ésta reiterada violación de derechos humanos contra los pueblos indígenas es efecto de la política de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez.

Que de acuerdo con las pruebas recaudadas, en el lugar del atentado, queda claro que es falsa la versión presidencial sobre la existencia de un error de señalización o que el compañero Edwin Legarda se haya pasado un reten militar, primero porque los rastros dan señal que los soldados estuvieron varias horas atrincherados en un trayecto de 800 metros esperando el carro; segundo porque a esa hora pasaron varios vehículos que viajaban a una reunión en la mesa de Togoima que se efectuaría ese mismo día y a la cual asistiría la consejera Mayor del CRIC AIDA QUILCUE VIVAS, vehículos a quienes en ningún momento requirió el grupo del ejército que se encontraba en la zona y tercero porque en documento firmado conjuntamente por el General Leonardo Barrero, comandante de la Vigésima Novena Brigada del ejército y las autoridades Indígenas, el primero se comprometió a desmentir la versión que “el fallecido Edwin Legarda había hecho caso omiso a un reten militar”.

Que el atentado estaba dirigido contra la Consejería Mayor del CRIC, en especial contra AIDA QUILCUE VIVAS, quien de no haberse retrasado, debería haber pasado por el sitio a la hora del atentado en su viaje a la Mesa de Togoima, situada en el municipio de Páez.

Que igualmente el grupo militar no supo explicar la posesión de dos fusiles que estaban en el campamento sin un militar asignado para ellos, lo que las autoridades indígenas toman como un indicio de que se intentaba hacer un montaje posteriormente al atentado.

Que en la primera versión el comandante de la patrulla militar, ante las autoridades indígenas, dijo que desde el carro del CRIC le habían hecho ráfagas de fusil, versión que luego cambió diciendo que el señor Legarda había pasado un reten militar, admitiendo finalmente que se trató de un error militar.

Que el comunero Edwin Legarda logró escapar gravemente herido del atentado, evitando así la realización un montaje con los dos fusiles que estando en posesión de los militares no se supo explicar su pertenencia; situación que de haberse concretado hoy tendría en entre dicho la civilidad de nuestra resistencia y la transparencia de nuestra organización.

Que las alocuciones del presidente Álvaro Uribe justificando la acción militar donde se asesinó al esposo de la consejera Mayor del CRIC, no es más que otra patraña para desdibujar este crimen de Estado y justificar la continuación de su política de aniquilamiento de los pueblos indígenas.

Que a pesar de las múltiples amenazas y atentados contra autoridades indígenas y miembros del CRIC, el Estado colombiano no ha tomado medidas para proteger la integridad física y moral de nuestros líderes, por el contrario, al parecer, el gobierno está utilizando su influencia política para evitar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicte las medidas cautelares solicitadas por diferentes organismos protectores de los derechos humanos en defensa de nuestros procesos organizativos.

Finalmente hacemos un llamado a la comunidad internacional, en especial a los organismos de derechos humanos, para que estén atentos a los desarrollos de las políticas nacionales frente a pueblos indígenas; debido a que nuestra protesta está siendo estigmatizada y criminalizada lo cual coloca en alto riesgo nuestros procesos, autoridades tradicionales, personal de la organización, líderes indígenas y comunidades. En consecuencia expresamos que la responsabilidad de lo que suceda a nuestra gente y procesos organizativos es del Estado colombiano.

Popayán, 19 de diciembre de 2008.
CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA -CRIC


Consecuencias del E.P.U

diciembre 16, 2008

Ayer mismo escribía acerca del Examen Periódico Universal a Colombia en el Consejo de Derechos Humanos.

En Ginebra se habían reunido diversos representantes de la sociedad civil colombiana para hacer incidencia frente a los 43 países que participaban en el E.P.U. Una de esas personas era la dirigente indígena Aída Quilcué. Lamentablemente hoy tenemos que escribir del asesinato de su marido, Edwin Legarda, tiroteado cuando se dirigía a recoger a su mujer procedente de Ginebra. Todo apunta a que en realidad el objetivo era la propia Aída Quilcué.

A pesar de las palabras dulces del representante del gobierno español, en Colombia el destino de los defensores de Derechos Humanos es morir tiroteados. Y el gobierno español, con su apoyo al gobierno colombiano, es cómplice de esta situación.


Colombia. Historias recurrentes.

diciembre 7, 2008

Mientras en España se celebraban ayer los 30 años de Constitución, en Colombia se conmemoraban los 80 años de un episodio luctuoso. La conocida como la “Masacre de las Bananeras“. En el municipio de Ciénaga, departamento del Magdalena, el 6 de diciembre de 1928 el ejército colombiano abría fuego contra los trabajadores de la multinacional estadounidense United Fruit Company que estaban en huelga demandando mejoras laborales.

Esta multinacional, que durante décadas ponía y quitaba gobiernos en América Latina (de ahí la denominación de “república bananera”), cambió de nombre en 1969, pasando a llamarse Chiquita Brands, al ser comprada por la Zapata Corporation (empresa fundada por George Bush padre).

En 2007, Chiquita Brands se enfrentó a un juicio en Estados Unidos por haber financiado a las paramilitares Autodefensas Unidas en Colombia que fueron responsables de la masacre de sindicalistas y campesinos colombianos.


Derechos Humanos en Colombia

diciembre 5, 2008

Esta semana he estado unos días en Madrid por motivos de trabajo. Y aproveché para asistir a la presentación conjunta de dos informes sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia, en un acto organizado por la Plataforma Justicia para Colombia.

El primero de los informes que se presentaba era el 4º Informe de la Delegación Asturiana de Verificación de la Situación de los Derechos Humanos en Colombia. Desde el año 2001 funciona en Asturias, con el apoyo de distintas organizaciones sociales e instituciones públicas, un programa de acogida a sindicalistas y defensor@s de derechos humanos de Colombia, con alto riesgo de perder la vida o su integridad física. Una componente de ese programa es la verificación anual de la situación de los derechos humanos en Colombia, que este año ha realizado su cuarta misión.

El segundo de los informes, era el de la Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia, promovido por el Observatorio de derechos humanos y derecho humanitario de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.

Las conclusiones de ambos informes son espeluznantes. Algunas de ellas han sido recogidas por alguna prensa (no por toda). Como por ejemplo que “Uribe financió su guerra sucia con fondos de cooperación internacional“, o que desde 2007 hasta junio de 2008 se han contabilizado en Colombia más de 500 ejecuciones extrajudiciales. A otros periódicos “progresistas” en España la noticia no les ha debido parecer lo suficientemente importante.

La semana próxima, en Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas realizará el Examen Periódico Universal a Colombia. Se examinará el cumplimento de las obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos. Informaremos.

PD. Valorando de forma positiva que el diario Público haya publicado esta información, no quiero dejar pasar lo que se afirma en el último párrafo de la noticia sobre la guerra sucia: “Nadie fue capaz de denunciar estas atrocidades hasta que a alguien del Ejército se le ablandó el corazón”. Por reconocimiento a las organizaciones colombianas de derechos humanos, hay que decir que hace mucho tiempo que vienen denunciando estas atrocidades. Sirva como ejemplo esta información de hace más de un año.

ACTUALIZACIÓN

El diario Público completa la información con una entrevista a Mauricio Valiente, coordinador de la Plataforma Justicia por Colombia, y miembro de la Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia.


Firma por la paz en Colombia

noviembre 7, 2008

estampillagCientos de personas de la sociedad civil colombiana han firmado una carta, dirigida al Secretariado de las FARC, en la que invitan a sus miembros a “desarrollar un diálogo público a través de un intercambio epistolar mediante el cual ustedes, nosotros y en general la sociedad colombiana, podamos identificar los elementos que permitan definir una agenda que esclarezca las rutas en las que sería posible un entendimiento, en aras del anhelado acuerdo humanitario”.

Cientos de personas de la sociedad civil del mundo, se han sumado a esa carta, con otra que dirigen a las personas firmantes de la primera, y al Secretariado de las FARC, apoyando la iniciativa.

Yo me sumo a la firma. Súmate también.